El país atraviesa la peor sequía en 25 años, llegando incluso a ser emergencia¹ nacional. La escasez² de lluvia y agua potable afectan en mayor o menor grado a dos tercios de Bolivia, si no al país entero. Alrededor de 100 barrios de La Paz viven hace meses sin agua o con estricto racionamiento. Y aunque es cierto que la crisis se debe en gran medida al cambio climático (efectos del Niño), también es cierto que esto se veía venir desde hace tiempo y que no se hizo nada al respecto³. El Ejecutivo⁴ ignoró una plétora⁵ de estudios que advierten desde hace años sobre el rápido derretimiento⁶ de los glaciares del altiplano, el crecimiento demográfico de las ciudades y el efecto que tiene la deforestación en el país sobre los ciclos de lluvia.
Ni la desaparición del lago Poopó en 2015, el segundo más grande de Bolivia con una extensión de 2.337 kilómetros cuadrados, desató un estado de alarma a tiempo en las autoridades. En 2010 la delegación boliviana ante Naciones Unidas sugirió convertir el acceso al agua y saneamiento⁷ en un derecho humano.
Bolivia tiene una larga historia de problemas con el agua. Es famosa y ya casi legendaria la guerra del agua de 2000 en Cochabamba. Convertida en icono del movimiento antiglobalización y plasmada en la película También la lluvia de Icíar Bollaín, ese conflicto marcó un antes y un después en este país. Se trataba de la privatización del agua y de un incremento del precio. Pero también se trataba de algo mucho más fundamental: de la idea de que un recurso natural tan vital como el agua no puede tener precio, no puede pertenecerle a alguien. Hubo casi 200 heridos⁸, un muerto y finalmente se nacionalizó la empresa del agua.